Apoyo a los principios de la fe democrática en el MERCOSUR

Los/as Parlamentarios/as del MERCOSUR por la República Argentina, Lilia Puig de Stubrin, María Luisa Storani ,Norma Aguirre ,Gabriel Fidel suscribieron la  siguiente DECLARACIÓN DE APOYO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRATICOS: 

Que desde principios de los años 80` los países del cono sur fueron lentamente incorporando las prácticas democráticas y al estado de derecho para ir dejando atrás los vestigios de las dictaduras militares que azotaron la región durante los años 70´. El compromiso de los nuevos gobiernos elegidos a través del voto popular se fue forjando en pos de la fe en los principios de la consolidación de la democracia en la construcción de nuevos consensos no sólo políticos sino también de reconstrucción del tejido social.
La vuelta al régimen democrático no implicó de manera automática la paz social ni la bonanza económica. El optimismo era algo cauto teniendo en cuenta las recientes experiencias dictatoriales y la implementación del terrorismo de estado con la consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos con hechos como la desaparición de personas, la tortura y los exilios. Las instituciones eran débiles, la economía pendía de un hilo y el fantasma de la irrupción militar era aún muy reciente.
Asimismo el contexto internacional no era propicio para la recuperación económica de la región, con los precios de las producciones locales en mínimos históricos en los mercados internacionales y, en el caso argentino, habiendo dejado atrás apenas menos de un año y medio antes, una guerra.
Estas preocupaciones estuvieron presentes en los pasos dados por el ex Presidente argentino Raúl Alfonsín y su par brasileño José Sarney en sus primeros acercamientos a los fines de fortalecer las relaciones bilaterales –fines del año 1984- y posterior firma de los acuerdos que condujeron a la creación de un mercado común con el objetivo de integrarse al mundo de manera conjunta.

La Declaración de Iguazú del año 1985 fue el primer documento donde quedaron plasmados los principios sobre los cuales estos países trabajarían de manera mancomunada con el fin de incrementar el intercambio económico regional pero además en temas que excedían las cuestiones comerciales bilaterales.
La estabilidad política e institucional además de la crisis de la deuda y la necesidad de encontrar una vía para resolverla, fueron suficiente para que estos países modificaran la tradicional visión de competencia y conflicto. Así se dio el pase a la cooperación. Los siguientes compromisos documentados entre Argentina y Brasil siguieron el camino de la defensa de la democracia como la base firme del proceso de integración en la región.
El Acta de Amistad Argentino-Brasileña “Democracia, Paz y Desarrollo”, suscripta en Brasilia en Diciembre de 1986, demostró con claridad esos principios inspirados en los ideales de la paz, las instituciones democráticas, la justicia social y el desarrollo. En ese acto los países dejaron sellada su profunda convicción sobre el respeto del orden legal, la voluntad popular y la defensa del Estado de Derecho como garante de los derechos esenciales de las personas. Otros acuerdos se suscribieron en la región como el que creó el Grupo de Río, donde Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Panamá y México, para fortalecer y dar lugar a la concertación política entre los países entendiendo el nuevo escenario de la creciente unidad latinoamericana. El acuerdo planteó con firmeza el objetivo de fortalecer la democracia a partir de un desarrollo económico y social sostenido sobre la cooperación y la integración regional en América Latina. En el mismo sentido debe analizarse la constitución del Grupo Contadora y su Grupo de Apoyo.

La creación del MERCOSUR en 1991 y sus Tratados constitutivos no incorporaron la dimensión política como la consolidación de la democracia y sus instituciones entre sus propósitos sino que sólo se abordaron los temas de carácter comercial tomando a consideración la nueva configuración mundial con el fenómeno de la globalización a cuestas y los preceptos económicos detallados por el conocido Consenso de Washington.
No hubo alusión al carácter democrático de los países fundantes – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- o bien condicionamientos en cuanto al respeto del Estado de Derecho para terceros países que desearan incorporarse al bloque. Sólo en la Declaración de Las Leñas de 1996 en una Cumbre Presidencial, los presidentes ratificaron el compromiso con las instituciones democráticas como eslabón indispensable para la existencia y desarrollo del MERCOSUR. Y recién en 1994, con la firma del Protocolo de Ouro Preto se dio la conformación de la Comisión Parlamentaria Conjunta, el primer órgano con dimensión parlamentaria que tenía entre sus funciones acelerar los procedimientos internos para la incorporación de las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR y ayudar en la armonización de legislaciones nacionales.

En este contexto, la región vivió diversas crisis de gobernabilidad dada la inestabilidad propia de una transición democrática que dio lugar a las intervenciones de organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos y también el MERCOSUR. Dado que el bloque no tenía por entonces ninguna norma que garantizara de manera explícita la defensa del régimen democrático y que ello fuera condición para los países miembro, se da la firma de la Declaración Presidencial sobre compromiso democrático donde efectivamente quedó por escrito la vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial de los países para la cooperación en el ámbito del Tratado de Asunción, sus protocolos y demás actos subsidiarios. En el mismo documento se menciona que toda alteración el orden democrático sería un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración en curso del estado miembro afectado.
Posteriormente se suscribió el Protocolo de USHUAIA (1998) o más comúnmente denominado Cláusula Democrática que plasmó en su artículo 1º la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición para la integración del bloque y por primer vez se establecían pautas de acción de carácter punitorias para los países que no cumplieran con sus designios. La ruptura del régimen podía dar lugar a la suspensión del país en cuestión. No estaba en su intención la intervención en las políticas domésticas pero sí el resguardo y la observación del cumplimiento de la normativa y regla electoral para que sean respetadas. Dicho documento fue complementado por el Protocolo de Montevideo de 2011 (USHUAIA II) donde se incorporó la posibilidad de accionar del bloque no sólo ante una ruptura sino ante una inminente amenaza de ruptura del orden democrático como la posibilidad de prevención de una crisis de gobernabilidad.
La crisis sin precedente por la que atraviesa hoy el MERCOSUR merece toda la atención a estos pasos tan importantes por los que los países fundadores hemos venido trabajando de manera conjunta todos estos años.
Si bien el principio de no intervención en los asuntos domésticos de los Estados parte no está en discusión, el principio de la no indiferencia, acuñado por la OEA hace ya varios años, debe permitirnos encontrar standards sobre los cuales analizar en qué medida los conflictos políticos al interior de los países terminan socavando las bases fundantes del bloque y desviando por completo a cuestiones que han sido ya saldadas por lo menos veinte años atrás.
La evidente falta de compromiso de los países en no haber insistido para dar un seguimiento a la incorporación de normativa fundamental no sólo por parte de Venezuela sino también en cuanto a normativa más general y la deuda de los demás miembros, demuestra una falla grave y un llamado de atención sobre esta dimensión parlamentaria que desde el 2007 se conforma como el PARLAMENTO del MERCOSUR.
Es en este PARLAMENTO donde podemos vivenciar una parte no menor de este conflicto doméstico ocasionado por el deterioro de las instituciones democráticas, que trae como consecuencia la desprotección de la oposición política venezolana y el obstáculo inevitable para el normal funcionamiento de esta institución que en cada una de las sesiones se manifiesta.
El PARLAMENTO del MERCOSUR no puede ni debe ser indiferente ante tal atropello y nosotros como Parlamentarios, elegidos ya sea directa o indirectamente por el voto popular, tenemos la obligación de observar el cumplimiento de nuestro Protocolo Constitutivo en la firme voluntad política de fortalecer y de profundizar el proceso de integración, contemplando los intereses de todos los Estados partes y contribuyendo al desarrollo de la integración sudamericana.

Podremos tener diferencias en cuanto a los modelos de inserción en el mundo, o bien las prioridades en materia comercial o de estrategias geopolíticas pero jamás sobre el pilar desde donde se construye un proceso de cooperación e integración sustentable, esto es, la garantía del funcionamiento de las instituciones democráticas y la defensa de los derechos de las personas en todo el territorio.
Expresamos nuestra mayor preocupación por la situación de los parlamentarios venezolanos y confirmamos nuestro compromiso de hacer cumplir el mandato popular en la representación de este espacio de los valores de la pluralidad, diversidad, la transparencia y la legitimidad social, pero también fortalecer los mecanismos institucionales a los fines de agilizar la incorporación de los ordenamientos jurídicos internos de la normativa del MERCOSUR que requiera aprobación legislativa nacional.

 

Fuente: Parlasur